La integración de tecnologías de inteligencia artificial (IA) en sectores como Justicia e Interior sigue enfrentando barreras significativas vinculadas a la calidad de los datos, la preparación tecnológica de las instituciones y el cumplimiento de marcos éticos y legales.
Así lo señala Nutanix en su último análisis sobre entornos multicloud empresariales, coincidiendo con la creciente presión normativa y social sobre la aplicación responsable de estas tecnologías en servicios públicos sensibles.
Según el informe Nutanix Enterprise Cloud Index (ECI), citado por James Sturrock, director de ingeniería de sistemas en Nutanix, muchas instituciones públicas carecen de la capacidad operativa para evolucionar desde fases de prueba hacia implementaciones a gran escala. Esta situación fue también puesta de relieve en la mesa redonda organizada por eu-LISA, la agencia europea responsable de los sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de Libertad, Seguridad y Justicia.
En estos entornos, donde la confianza pública y la seguridad jurídica resultan esenciales, las deficiencias en integración de sistemas, calidad de datos o criterios éticos pueden provocar efectos adversos tanto operativos como sociales.
Gobernanza de datos y cumplimiento normativo
Uno de los principales retos detectados en el proceso de adopción de la inteligencia artificial en el ámbito judicial es la gobernanza de datos. La precisión, trazabilidad y seguridad de la información empleada por los algoritmos es crucial, especialmente en sectores donde una decisión automatizada puede afectar derechos fundamentales.
La nueva Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea obliga a aplicar principios de transparencia, proporcionalidad y supervisión humana en sistemas de alto riesgo, como los empleados en justicia penal o vigilancia. Esta exigencia normativa tensiona aún más a las administraciones que aún operan con infraestructuras heredadas o fragmentadas.
A esto se añade la dificultad de acceso a datos estructurados, la falta de interoperabilidad entre plataformas y la escasez de políticas claras para el uso de datos biométricos. Las instituciones se enfrentan a un dilema: avanzar hacia la digitalización sin comprometer la legalidad, equidad ni legitimidad de sus decisiones.
Escasez de talento especializado
El desarrollo y mantenimiento de soluciones basadas en inteligencia artificial requiere perfiles cualificados que combinen conocimientos técnicos y comprensión del marco legal y ético. Actualmente, más del 50 % de las organizaciones públicas reconocen la necesidad urgente de formación especializada y contratación de profesionales capacitados para sostener sus estrategias de IA.
Esta carencia de personal especializado no solo ralentiza la adopción tecnológica, sino que también incrementa los riesgos de errores en la implementación y supervisión de los sistemas. La formación continua y la colaboración interinstitucional se perfilan como mecanismos clave para afrontar esta brecha de competencias.
Infraestructura: cimiento indispensable para la IA
La fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial está directamente relacionada con la solidez de la infraestructura tecnológica sobre la que operan. Nutanix advierte que una plataforma empresarial robusta —basada en tecnologías como Kubernetes y modelos híbridos multicloud— permite gestionar cargas de trabajo con flexibilidad y resiliencia, especialmente en entornos complejos como los servicios judiciales.
El enfoque progresivo de «comenzar con proyectos piloto, validar los casos de uso y escalar de forma controlada» se presenta como una estrategia viable para minimizar los riesgos y asegurar la sostenibilidad de las iniciativas de IA. Una infraestructura inadecuada no solo compromete el rendimiento, sino que puede socavar la legitimidad de los sistemas automatizados ante la ciudadanía.
Colaboración institucional y enfoque multidisciplinar
La implementación de inteligencia artificial en ámbitos críticos como la Justicia no puede abordarse de forma aislada. Nutanix subraya que la cooperación entre gobiernos, sector privado y comunidad académica es esencial para avanzar en soluciones compartidas que integren tecnología, normativas y perspectiva social.
El papel del factor humano también es determinante. Aunque la IA puede automatizar procesos y asistir en la toma de decisiones, son los equipos responsables de su supervisión quienes deben garantizar su alineación con los principios democráticos, la protección de derechos y el marco jurídico vigente.
Las recientes aplicaciones de IA generativa, por ejemplo, han reactivado debates en torno a la privacidad, la explicabilidad y la seguridad. Esta evolución está empujando a las instituciones a modernizar sus sistemas, revisar sus políticas de protección de datos y redefinir sus modelos de gobernanza interna.
Nuevos estándares ante riesgos emergentes
La adopción de la inteligencia artificial en sectores de alta sensibilidad requiere una transformación estructural que va más allá de la inversión tecnológica. La exigencia de cumplir con los nuevos estándares europeos en ética, privacidad y seguridad plantea una reconfiguración profunda de procesos, roles y arquitecturas organizativas.
Solo mediante un enfoque estratégico que integre infraestructura, talento, gobernanza de datos y colaboración intersectorial será posible superar los obstáculos actuales y sentar las bases para un uso responsable de la inteligencia artificial en la administración de justicia.
