El pasado 14 de septiembre de 2022, a través de su Consejo de Gobierno, la Junta de Castilla y León daba luz verde al Plan de Automatización Inteligente de los procesos contractuales. Gracias a este plan, todas las relaciones electrónicas en los procedimientos contractuales entre la Administración y sus licitadores y contratistas se gestionan ya mediante técnicas de automatización inteligente. De esta manera, del total de expedientes que se gestionan cada año (más de 22.000) todas las solicitudes que se dirijan al órgano de contratación y las comunicaciones y notificaciones electrónicas que se emiten a licitadores y contratistas se ejecutan automáticamente.
Proyecto disruptivo para las Administraciones Públicas
En la práctica, esta automatización inteligente supone que, de forma casi inmediata desde la presentación de una solicitud por un interesado en el registro electrónico, el sistema es capaz de incorporarla automáticamente al expediente digital del solicitante en el trámite procedimental oportuno, comunicándole electrónicamente, en apenas segundos, el plazo máximo de que dispone la Administración para resolver su solicitud y las consecuencias jurídicas de la no resolución en plazo. Estas actuaciones automatizadas se ejecutan con total seguridad jurídica y transparencia para las partes y sin posibilidad de error en su ejecución, con la ventaja de que pueden realizarse estos trámites en cualquier momento, las 24 horas del día los 365 días del año.
La próxima fase del proyecto, prevista para septiembre de 2023, contempla la puesta en funcionamiento de la tramitación completamente automatizada de más de 300 contratos (con un valor estimado superior a los doscientos millones de euros) de suministros de energía eléctrica y servicios postales, así como la incorporación del uso de robots en tareas repetitivas de contratación.
Para llegar a este punto de automatización inteligente, ha sido necesario invertir previamente un largo periodo de tiempo en la digitalización completa de todos sus procedimientos contractuales en todas sus fases procedimentales, conectando con las herramientas de administración electrónica, tanto de la propia administración autonómica (Registro electrónico, notificaciones electrónicas, archivo electrónico, sistema contable,…) como de otras administraciones públicas (Plataforma de contratación Pública del Sector Público, Factura electrónica,…).
En palabras de Jorge Martínez Fernández, Jefe de Servicio de Racionalización de la Contratación “Los beneficios que supone una tramitación electrónica de procedimientos con un alto grado de automatización son indiscutibles ya que ofrece la posibilidad de que los empleados públicos centren su esfuerzos en el verdadero fin de las Administraciones Públicas, servir con objetividad y eficiencia a sus ciudadanos, a la vez que se minora el impacto medioambiental al reducir el consumo energético en la gestión del dato.»
