Legalpin, empresa tecnológica especializada en comunicaciones digitales certificadas, ha consolidado su sistema como una de las herramientas con mayor respaldo jurídico del mercado español. La compañía ofrece servicios que permiten verificar con precisión el contenido, emisor, receptor, fecha y hora de envío de cualquier mensaje electrónico, garantizando su integridad, autenticidad y no repudio. Fuente: Legalpin.
Las soluciones de Legalpin abarcan desde canales tradicionales como los SMS hasta versiones electrónicas del burofax —denominadas Buromail— y facturas digitales. Esta última categoría adquiere especial relevancia tras la obligación impuesta a empresas y autónomos de emitir facturas electrónicas a partir de julio de 2025, de conformidad con la normativa en vigor.
Buromail y cifrado extremo: así opera la certificación digital
Uno de los servicios más representativos es el Buromail, un correo electrónico cifrado y certificado que permite acreditar de forma fehaciente tanto la entrega como la apertura del mensaje. Según explica Javier Meizoso, director general de Legalpin, “un Buromail es cualquier correo electrónico que ciframos, certificamos y enviamos a su destinatario, donde se descifra, cumpliendo con la Ley de Protección de Datos y dejando constancia de la entrega y lectura”.
La tecnología desarrollada por Legalpin cifra cada mensaje desde su envío, impidiendo alteraciones durante la transmisión. El sistema registra información crítica como la IP del receptor, el navegador utilizado, y los datos identificativos de emisor y destinatario. Además, todo el proceso se realiza sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales, ya que basta con incluir a Legalpin como destinatario del mensaje para activar el sistema de certificación.
El tratamiento de los datos se realiza íntegramente en la nube, con almacenamiento cifrado y estructurado por carpetas que pueden ser organizadas por los propios usuarios. Legalpin opera con protocolos SSL/TLS, estándares criptográficos que aseguran las comunicaciones frente a cualquier acceso no autorizado.
Requisitos legales y utilidad en procesos judiciales
A partir del 3 de abril de 2025, la Ley Orgánica 1/2025 impone la necesidad de demostrar que se ha intentado una resolución extrajudicial antes de presentar una demanda civil o mercantil. Esta reforma, que modifica el artículo 399.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, obligará a los demandantes a aportar pruebas documentales —como correos electrónicos, actas o certificados— que acrediten el intento previo de acuerdo.
Nicolás Senderowicz, abogado de Legalpin, subraya que “esta reforma impedirá acudir directamente a los tribunales sin haber agotado previamente la vía de la mediación”. En este contexto, las comunicaciones certificadas por Legalpin pueden servir como prueba válida para acreditar el cumplimiento de este requisito, permitiendo a los tribunales verificar de manera objetiva si se ha producido un intento de conciliación.
La medida busca descongestionar el sistema judicial y fomentar la resolución de conflictos por medios alternativos. Para abogados, departamentos jurídicos o agencias de recobro, contar con herramientas que aporten trazabilidad y respaldo documental en las comunicaciones se convierte en un requisito estratégico.
Tres garantías técnicas esenciales
Legalpin sustenta sus servicios sobre tres principios técnicos clave:
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No repudio: impide que el emisor de un mensaje niegue su autoría.
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Integridad: asegura que el contenido del mensaje no haya sido alterado.
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Autenticidad: garantiza la identificación verificable de emisor y receptor.
Estas garantías sitúan a Legalpin como una solución adoptada por organizaciones que operan con elevados estándares jurídicos y de cumplimiento normativo. Entre sus clientes figuran entidades como el Real Madrid, Telefónica y el grupo sanitario HM Hospitales, que utilizan la plataforma para certificar comunicaciones sensibles en diferentes áreas.
Aplicaciones en el entorno corporativo
El uso de comunicaciones digitales certificadas se extiende más allá del ámbito judicial. Departamentos de Recursos Humanos, responsables de cumplimiento normativo y gestores de relaciones comerciales encuentran en estas herramientas una vía para documentar formalmente notificaciones, acuerdos y entregas de información confidencial.
El entorno regulatorio y tecnológico actual sitúa la certificación digital como un componente clave en la gobernanza documental de empresas. Con la obligación de emitir facturas electrónicas en el horizonte inmediato y nuevas exigencias procesales, el papel de plataformas como Legalpin adquiere una dimensión estructural en el ecosistema digital corporativo español.
