Tras un 2023 de elucubración ante la llegada de la Inteligencia Artificial Generativa a la sociedad, en este 2024 se empieza a observar que las empresas quieren comenzar a utilizar la IA en sus iniciativas de mejora de la eficiencia, optimización e incluso innovación.
Según los datos de Eurostat, la evolución en el uso de la IA ha seguido una tendencia ascendente en el periodo 2021-23, pasando del 7,6% al 8% en la Unión Europea. España ocupa un lugar destacable en el uso de la IA con un porcentaje de 9,2%.
De igual forma, los últimos datos del Observatorio de Políticas de IA de la OCDE destacan que en los últimos cuatro años:
- Las inversiones de capital de riesgo en nuevas empresas de IA generativa se han multiplicado por nueve.
- La demanda de habilidades de IA se ha disparado un 130%.
- Se ha duplicado el número de grandes empresas que utilizan IA (ya son cuatro veces más que las pymes que la adoptan).
Estos avances en el ámbito privado coinciden con una intensa actividad política y regulatoria. Más de 1.000 iniciativas de IA ya están en marcha en más de 70 países y jurisdicciones a nivel global, abarcando reglamentos, leyes, principios y estándares técnicos.
Entre estas iniciativas se encuentra el esperado Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE, que tras un ultimísimo visto bueno por parte del Consejo de la UE, se publicará en el Diario Oficial a finales de junio o principios de julio. Sin embargo, su entrada en vigor no será inmediata. Muchas de las disposiciones no serán de cumplimiento obligatorio hasta 2025 o incluso 2026, lo cual hace inevitable preguntarse qué sucederá en el ínterin.
Los próximos meses ofrecen una ventana de oportunidad crítica para que el sector público (UE, gobiernos nacionales, organismos internacionales) trabaje con el privado (empresas, asociaciones, academia) para preparar el terreno para la llegada de la regulación.
Esta premisa de colaboración se ha materializado en iniciativas como el AI Pact de la Comisión Europea, al que ya se han unido de forma voluntaria +500 organizaciones, y que por lo pronto, contempla el cumplimiento temprano de ciertas disposiciones del Reglamento de cara a prevenir la desinformación en el contexto de las elecciones europeas.
Sin embargo, muchas empresas tienen todavía muchas dudas sobre cómo cumplir con la futura regulación. Desde Adigital estamos contribuyendo a que las empresas se preparen a través de nuestro certificado de Transparencia Algorítmica. Este certificado se centra en uno de los principios clave de la gobernanza de la IA: garantizar que las decisiones y operaciones de los sistemas de IA sean comprensibles para los seres humanos.
Es decir, que sean transparentes y explicables. Alineado con el Reglamento de Inteligencia Artificial de la UE en cuanto a estos requisitos de transparencia, el Certificado permite que las empresas se preparen regulatoriamente, aumenten la confianza de sus clientes en la IA, y hagan de sus procesos de desarrollo y uso de IA responsables por diseño.
Las empresas que se comprometan y se adelanten con este tipo de iniciativas también generarán valiosos aprendizajes sobre sus operaciones de IA que pueden compartirse con la Administración, fomentando un enfoque bottom-up en la implementación efectiva de las futuras políticas y normativas.
Este enfoque permite acercar la regulación a la realidad de las empresas y corregir posibles disfunciones. Un aspecto especialmente relevante cuando se está intentando regular el uso de una tecnología en pleno desarrollo. El ritmo que marcan las nuevas tecnologías impone repensar la forma en la se regula y se aplica la regulación.
A su vez, el cumplimiento temprano de las regulaciones de IA proporcionará a las empresas la seguridad y confianza para avanzar en la adopción de esta tecnología. Actualmente, más del 40% de las empresas no utilizan la IA generativa porque no disponen de una estrategia para su uso responsable. Es un hecho: la inseguridad jurídica es un freno significativo para el avance de la tecnología.
Trabajar desde ya en una IA responsable por diseño, en colaboración público – privada, permite la institucionalización de esta tecnología, en las empresas y en la administración pública.
