El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha expuesto en el Foro Económico Mundial de Davos tres propuestas destinadas a regular el impacto de las redes sociales en las democracias europeas. Durante su intervención, Sánchez destacó cómo estas plataformas, inicialmente impulsoras del pluralismo, han derivado en espacios de desinformación y polarización, erosionando los valores democráticos.
Redes sociales y democracia: un equilibrio amenazado
En su discurso central, Sánchez advirtió que las redes sociales han evolucionado de herramientas que ampliaban el debate público a mecanismos que concentran poder y riqueza. “Lo que se suponía que debía ser un espacio de libre intercambio de ideas se ha convertido en un campo de manipulación y falsedad”, señaló. El presidente incidió en problemas como la proliferación de noticias falsas y algoritmos que fomentan la polarización.
Para hacer frente a estos desafíos, Sánchez anunció tres medidas clave que presentará a los líderes de la Unión Europea en el próximo Consejo Europeo en Bruselas.
- Fin del anonimato absoluto: Introducir un sistema en el que todas las cuentas de usuario estén vinculadas a un monedero europeo de identidad digital. Esto permitiría a las autoridades identificar a los responsables de delitos, sin impedir el uso de seudónimos para quienes deseen mantener cierta privacidad.
- Transparencia en los algoritmos: Fortalecer la supervisión de los algoritmos utilizados por las redes sociales mediante la plena aplicación de la Ley de Servicios Digitales de la UE. Sánchez propuso reforzar las competencias del Centro Europeo de Transparencia Algorítmica, con sede en Sevilla, para inspeccionar estas herramientas sin restricciones.
- Responsabilidad de los directivos: Obligar a los directores generales de las plataformas digitales a rendir cuentas personalmente por incumplimientos legales, similar a lo que sucede en otros sectores económicos.
El presidente subrayó que estas medidas no buscan limitar la libertad de expresión, sino garantizar que las redes sociales puedan convertirse en un espacio seguro y constructivo para el diálogo democrático. “Los medios sociales son ahora un recurso común para la humanidad, como los océanos, y deben ser protegidos y gestionados en consecuencia”, afirmó.
Retos y consideraciones en la implementación
Aunque las propuestas de Sánchez han generado interés, su viabilidad plantea ciertas dudas. Algunas de las medidas propuestas ya están contempladas en la legislación europea, como la Ley de Servicios Digitales, que regula aspectos como la transparencia de los algoritmos y la moderación de contenidos. No obstante, expertos han señalado que el marco normativo actual presenta desafíos de implementación en muchos países, incluido España, donde aún no se ha constituido la autoridad nacional para hacer cumplir esta normativa.
Por ejemplo, la idea de vincular las cuentas de usuario a un registro europeo de identidad digital plantea preguntas sobre su encaje jurídico, ya que este aspecto no está previsto en el Reglamento europeo de identidad digital (eIDAS2). Además, cualquier sistema que limite el anonimato en redes sociales debe equilibrarse cuidadosamente con derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad.
Borja Adsuara, experto en derecho digital, apuntó en una reciente columna publicada en El Español que algunas de estas propuestas podrían entrar en conflicto con derechos digitales ya reconocidos, como el uso de seudónimos, protegido en la Carta española de Derechos Digitales de 2021. Adsuara destacó también que la supervisión de los algoritmos debe abordar no solo cuestiones tecnológicas, sino también ideológicas y jurídicas, como quién decide qué contenidos se consideran desinformación o discurso de odio.
Un debate abierto sobre el futuro de las redes sociales
Las propuestas de Pedro Sánchez abren un debate necesario sobre el papel de las redes sociales en las democracias modernas. Si bien su enfoque busca responder a desafíos reales, como la desinformación y la manipulación algorítmica, su éxito dependerá de cómo se articulen las medidas en el marco jurídico europeo y de la capacidad de los gobiernos para implementarlas sin vulnerar derechos fundamentales.
