Pavel Durov, el multimillonario fundador y propietario de la aplicación de mensajería Telegram, fue arrestado en el aeropuerto de Le Bourget, a las afueras de París, poco después de aterrizar en un jet privado el sábado por la noche, según informaron dos fuentes a Reuters.
Durov, quien posee doble nacionalidad francesa y emiratí, fue detenido en el marco de una investigación preliminar de la policía francesa, que lo acusa de permitir una amplia gama de delitos debido a la falta de moderadores en Telegram y a la falta de cooperación con las autoridades.
La detención ha provocado reacciones tanto en Rusia como en otras partes del mundo, con Moscú exigiendo que se respeten sus derechos, y figuras como Elon Musk criticando la medida como un ataque a la libertad de expresión en Europa.
Telegram, que tiene su sede en Dubái, fue fundado por Durov en 2013 tras su salida de Rusia debido a presiones del gobierno para cerrar comunidades opositoras en su anterior plataforma, VK. La aplicación, que cuenta con cerca de mil millones de usuarios, es particularmente influyente en Rusia, Ucrania y las repúblicas de la antigua Unión Soviética, y ha sido descrita como una «plataforma neutral» por su fundador.
El arresto de Durov ha sido visto por algunos, como la legisladora rusa Maria Butina, como un intento de Occidente de controlar Telegram, plataforma que ha jugado un papel crucial en la comunicación durante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Telegram y sus altos directivos no han emitido ningún comentario sobre la situación hasta el momento.
Las autoridades francesas no han confirmado oficialmente la detención, aunque medios franceses informaron que Durov podría ser imputado el domingo. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha solicitado acceso al detenido, señalando que, aunque tiene ciudadanía francesa, sigue siendo un ciudadano ruso.
Este incidente destaca la creciente preocupación en Europa por la seguridad y la protección de datos en plataformas de mensajería, como Telegram, que han resistido intentos de los gobiernos para acceder a información privada de sus usuarios. La situación de Durov sigue siendo un tema delicado y en desarrollo, con posibles implicaciones para la libertad de expresión y la seguridad digital en Europa.
