La Comisión Europea prepara una nueva legislación denominada Digital Fairness Act que, según el comisario de Justicia Michael McGrath, no solo reforzará los derechos de los consumidores en el entorno digital, sino que también facilitará las obligaciones legales y administrativas para empresas. Esta información fue revelada durante su intervención en el European Retail Innovation Summit en Bruselas, según recoge Euronews.
En los últimos años, la Unión Europea ha promovido varias normativas con el objetivo de regular los mercados digitales. Entre ellas destacan la Digital Services Act (DSA) y la Digital Markets Act (DMA), ambas centradas en garantizar un entorno digital más seguro y competitivo. Estas normativas han generado inquietudes entre empresas digitales y minoristas por el posible aumento en cargas regulatorias.
La futura Digital Fairness Act, actualmente en fase preparatoria, se incluye dentro de este marco regulatorio europeo. Sin embargo, a diferencia de las anteriores, pretende equilibrar la balanza entre derechos del consumidor y necesidades empresariales.
Desarrollo detallado
Una iniciativa «pro-consumidor y pro-empresa»
Durante su intervención ante representantes del sector y expertos en políticas públicas, Michael McGrath definió la futura ley como “una iniciativa tanto pro-consumidor como pro-empresa”. Afirmó expresamente: “Queremos reducir las cargas administrativas para crear un entorno competitivo y favorable a las empresas”.
Con estas palabras, McGrath trató de disipar preocupaciones empresariales sobre una posible sobrerregulación. Reconoció que cumplir con las leyes europeas de protección al consumidor cuesta millones de euros cada año a las compañías, especialmente a las pequeñas y medianas.
Orígenes: Revisión legislativa previa
La base argumental del nuevo reglamento proviene del informe Digital Fairness Fitness Check, publicado por la Comisión Europea en octubre de 2024. Este estudio concluyó que las normas actuales no se adaptan adecuadamente al mercado digital contemporáneo.
El informe identificó múltiples lagunas regulatorias, como la proliferación de los llamados dark patterns o patrones oscuros: técnicas de diseño engañosas que inducen decisiones no informadas por parte del usuario. Estas prácticas son especialmente comunes en interfaces digitales diseñadas para maximizar conversiones comerciales.
Nuevos riesgos bajo supervisión normativa
Diversos aspectos serán objeto de regulación en el marco del Digital Fairness Act. Entre ellos destacan:
- Influencer marketing: prácticas publicitarias realizadas por creadores de contenido sin la debida transparencia comercial.
- Diseño adictivo: estructuras funcionales en servicios digitales que buscan prolongar artificialmente el tiempo de uso.
- Precios personalizados: diferenciación tarifaria basada en perfiles individuales generados mediante recopilación masiva de datos.
- Moneda virtual en videojuegos: mecanismos utilizados en juegos —frecuentemente dirigidos a menores— donde se emplea dinero ficticio para incentivar compras.
Todas estas áreas representan desafíos emergentes que, según la Comisión Europea, no están adecuadamente cubiertos por la legislación vigente.
Certeza jurídica y reducción burocrática para empresas
A pesar del enfoque centrado en el consumidor, McGrath subrayó que uno de los objetivos clave es proporcionar mayor certidumbre legal a las compañías. Esto incluye evitar interpretaciones divergentes entre Estados miembros y reducir duplicidades administrativas.
Dijo textualmente: “Queremos reducir cargas administrativas […] especialmente para empresas más pequeñas”. Esta afirmación apunta a una posible armonización regulatoria que simplifique el cumplimiento legal transfronterizo dentro del mercado único europeo.
Cronograma legislativo y consulta pública
El proceso legislativo aún se encuentra en fases iniciales. Según confirmó McGrath, se abrirá una consulta pública “en las próximas semanas” para recoger opiniones tanto del sector empresarial como de organizaciones civiles. Posteriormente, se espera una propuesta formal antes de mediados de 2026.
Maria-Myrto Kanellopoulou, directora de la unidad responsable del derecho del consumidor dentro de la Comisión Europea, aseguró que el desarrollo será “cuidadoso” y se llevará a cabo mediante consultas exhaustivas: “Nos tomaremos nuestro tiempo”, indicó ante los asistentes al evento.
Implicaciones futuras
Si finalmente entra en vigor según lo anunciado, la Ley de Equidad Digital podría marcar un cambio significativo tanto para consumidores como para empresas tecnológicas en Europa. En términos jurídicos, ofrecería un marco más claro para operar bajo condiciones equitativas en un entorno digital cada vez más complejo.
Además, afectará directamente a sectores como el comercio electrónico, plataformas sociales, desarrolladores de videojuegos y firmas especializadas en análisis masivo de datos. Estos actores deberán revisar sus estrategias comerciales si incorporan elementos como precios dinámicos o técnicas persuasivas visuales automatizadas.
A nivel empresarial, puede representar una oportunidad para racionalizar el cumplimiento normativo si efectivamente reduce divergencias regulatorias entre países miembros. Esta simplificación beneficiaría especialmente a pymes tecnológicas con operaciones transfronterizas.
A largo plazo, también podría influir en futuras normativas internacionales si establece precedentes regulatorios aplicables más allá del espacio económico europeo.
