La Comisión Europea ha aprobado un esquema de ayudas estatales por valor de 400 millones de euros notificado por España, destinado a impulsar la producción de hidrógeno renovable.
El mecanismo se enmarca en la herramienta “Auctions-as-a-Service” del Banco Europeo del Hidrógeno, y se aplicará en la subasta prevista para cerrar en 2025. Según comunicó el Ejecutivo comunitario, esta medida cumple con las normas de ayudas estatales de la Unión y se ajusta a los objetivos del Plan REPowerEU, el Pacto Industrial Verde y la Estrategia del Hidrógeno de la UE.
La ayuda será gestionada a través de un procedimiento competitivo de licitación supervisado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). Está dirigida a empresas que tengan previsto construir nuevos electrolizadores en territorio español. El plan contempla la instalación de hasta 345 megavatios de capacidad de electrólisis y la producción de hasta 221.000 toneladas de hidrógeno renovable, lo que podría evitar la emisión de hasta un millón de toneladas de CO₂.
Subvenciones directas por kilogramo de hidrógeno
El esquema aprobado prevé que las ayudas se otorguen en forma de subvención directa por kilogramo de hidrógeno renovable producido, con un límite de diez años de duración para cada proyecto seleccionado. Para recibir el apoyo, los beneficiarios deberán demostrar el cumplimiento de los requisitos europeos para los denominados combustibles renovables de origen no biológico (RFNBOs, por sus siglas en inglés), lo que implica acreditar el uso o financiación de fuentes de electricidad renovable adicionales para alimentar los electrolizadores.
El modelo de subasta está diseñado para ser abierto, transparente y no discriminatorio, con el objetivo de limitar el impacto sobre la competencia en el mercado interior. Asimismo, las ayudas se ajustarán al mínimo necesario para que las inversiones puedan llevarse a cabo, según la evaluación de la Comisión.
Evaluación conforme a la normativa comunitaria
La Comisión ha evaluado el plan bajo el artículo 107(3)(c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que permite apoyar determinadas actividades económicas bajo condiciones específicas, y conforme a las Directrices sobre Ayudas Estatales para Clima, Protección Medioambiental y Energía de 2022 (CEEAG). En su análisis, Bruselas concluyó que el esquema es apropiado para facilitar la descarbonización de sectores como la industria, el transporte y la energía, y que produce un efecto incentivador al hacer viables proyectos que de otro modo no se desarrollarían sin financiación pública.
España, según indicó la Comisión, ha implantado suficientes mecanismos de control para asegurar un uso adecuado de los recursos y una incidencia acotada sobre el comercio dentro de la Unión. La medida contribuirá al objetivo nacional de alcanzar 12 gigavatios de capacidad instalada de electrólisis para el año 2030, así como a las metas sectoriales establecidas en la Directiva de Energías Renovables revisada en 2023.
Coordinación entre fondos nacionales y europeos
La herramienta “Auctions-as-a-Service” permite a los Estados miembros canalizar fondos nacionales a través del procedimiento común de subastas del Fondo de Innovación de la UE. De este modo, los proyectos que no obtengan financiación suficiente del presupuesto comunitario pueden optar a recursos estatales adicionales si resultan bien posicionados en el proceso de evaluación técnica y económica.
España comunicó su adhesión a esta segunda subasta conjunta del Banco Europeo del Hidrógeno el 18 de noviembre de 2024. Este banco fue creado para impulsar la producción y el uso de hidrógeno renovable dentro del territorio europeo, con el objetivo de alcanzar los 20 millones de toneladas anuales en 2030, y contribuir a reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, en particular los procedentes de Rusia.
Criterios ambientales y objetivos obligatorios
La Directiva de Energías Renovables de 2018 ya establecía una serie de condiciones para los RFNBOs, que incluyen una reducción mínima del 70% de emisiones en todo el ciclo de vida del producto. La modificación legislativa de 2023 elevó la cuota obligatoria de energías renovables en el consumo bruto de energía de la UE al 42,5% para 2030, con un objetivo indicativo del 45%. También introdujo un mínimo del 42% de hidrógeno renovable en el uso industrial para el mismo año, con una previsión de aumento al 60% en 2035.
El modelo español sigue a otros similares aprobados previamente por la Comisión, como el caso de Alemania en abril de 2024, y los de Austria y Lituania en marzo de 2025. La coordinación de estos esquemas a escala europea tiene como fin armonizar los mecanismos de ayuda y facilitar la comparabilidad entre países, reduciendo costes administrativos para administraciones y empresas.
Impacto esperado y próximos pasos
La decisión de Bruselas respalda una estrategia nacional centrada en la integración de proyectos de hidrógeno renovable dentro del marco europeo. El uso compartido de infraestructuras institucionales y procesos de selección común pretende optimizar la eficiencia del gasto público y acelerar la implementación de tecnologías alineadas con los objetivos climáticos del Pacto Verde Europeo.
La versión no confidencial de esta decisión se publicará bajo el número de expediente SA.116676 en el Registro de Ayudas Estatales de la Comisión, una vez resueltos los aspectos de confidencialidad.
