La Fiscalía belga imputa a cinco personas y apunta a un presunto esquema de lobby encubierto entre 2021 y 2024
Primeros registros en Bruselas
Las pesquisas comenzaron el 13 de marzo, cuando la Policía Federal belga llevó a cabo una operación simultánea en 21 domicilios particulares y la sede de Huawei en Bruselas. La investigación, revelada inicialmente por Follow the Money, Le Soir y Knack, se centra en supuestos pagos de sobornos a eurodiputados —actuales y anteriores— por parte de grupos de presión vinculados a la tecnológica china Huawei.
Las actuaciones policiales, que también se extendieron a regiones de Flandes, Valonia y Portugal, se realizaron con el objetivo de recabar pruebas relacionadas con posibles delitos de corrupción activa, falsificación, blanqueo de dinero y pertenencia a organización criminal. Según las autoridades, los métodos empleados habrían incluido pagos económicos, regalos de alto valor y prebendas como viajes o entradas a eventos deportivos.
Entre los investigados figura Valerio Ottati, un lobista italiano de 41 años vinculado a Huawei desde 2018, y con antecedentes laborales en el entorno de eurodiputados italianos relacionados con expedientes sobre China. La Fiscalía belga no ha identificado públicamente a ninguno de los aproximadamente quince eurodiputados sospechosos, ni ha solicitado aún el levantamiento de la inmunidad parlamentaria de los que mantengan escaño activo.
Restricción de acceso en la Eurocámara
Como medida preventiva, el Parlamento Europeo suspendió el acceso a sus instalaciones a todos los representantes acreditados de Huawei. Esta decisión, anunciada el 15 de marzo, afecta a las sedes de Bruselas, Estrasburgo, Luxemburgo y a todas las oficinas de enlace de los 27 Estados miembros.
En el Registro de Transparencia de la UE figuran actualmente nueve empleados de Huawei con autorización para acceder a los edificios parlamentarios. Esta suspensión permanecerá activa mientras dure la investigación judicial. Desde la institución comunitaria se ha reiterado la disposición a cooperar “rápida y plenamente” con la Justicia belga.
Según la Fiscalía Federal, el esquema habría operado desde 2021 “bajo la apariencia de cabildeo comercial”. Las actividades de presión habrían buscado contrarrestar restricciones promovidas por Estados Unidos en relación con la participación de empresas chinas en infraestructuras críticas, como las redes 5G. Los pagos ilícitos se habrían camuflado como gastos vinculados a conferencias o eventos de representación institucional, con el objetivo de dificultar su rastreo.
Imputaciones y avances judiciales
El 19 de marzo, la Fiscalía belga confirmó la imputación de cinco personas: cuatro por corrupción activa y pertenencia a organización criminal, y una quinta por blanqueo de capitales. Cuatro de los imputados han quedado bajo arresto, mientras que una persona permanece en libertad bajo condiciones. Todos estarían vinculados a labores de cabildeo para Huawei y fueron objeto de los registros llevados a cabo el 13 de marzo.
Además, el lunes anterior a esta imputación, se produjeron nuevos registros en instalaciones del Parlamento Europeo en Bruselas. Parte de esos espacios se encontraban ya bajo secreto judicial desde la primera redada.
La Justicia belga considera que los beneficios obtenidos mediante presunta corrupción podrían haber sido blanqueados a través de flujos financieros conectados con eventos oficiales o de representación. Estas maniobras habrían servido para ocultar el carácter delictivo de los fondos o para eludir posibles repercusiones legales.
Peticiones de medidas vinculantes en seguridad 5G
El escándalo ha provocado reacciones en el ámbito legislativo comunitario. Un grupo de 35 eurodiputados ha instado a la comisaria europea Henna Virkkunen a transformar la actual caja de herramientas de ciberseguridad 5G en una normativa de obligado cumplimiento. Este conjunto de directrices, aprobado en 2020, establece criterios para excluir a proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei y ZTE, de las infraestructuras de telecomunicaciones europeas.
En la misiva, firmada por legisladores de distintas formaciones políticas y procedencias, se subraya que el actual enfoque voluntario ha resultado insuficiente. Reclaman que la Comisión Europea imponga medidas vinculantes para asegurar la aplicación uniforme de estas restricciones en todos los Estados miembros.
Hasta ahora, menos de la mitad de los países de la UE han ejecutado acciones legales para limitar el acceso de proveedores de alto riesgo a sus redes nacionales. La carta insiste en que una defensa eficaz frente a posibles injerencias extranjeras requiere una respuesta legal coordinada y sin margen para la discrecionalidad política.
Evolución del caso y perspectivas institucionales
Este caso llega en un momento especialmente sensible para la reputación del Parlamento Europeo, aún marcado por las secuelas del Qatargate, escándalo de corrupción descubierto en 2022. Aquel episodio provocó reformas internas orientadas a reforzar la ética parlamentaria y la transparencia en la relación con los grupos de presión.
La investigación actual no solo vuelve a cuestionar los mecanismos de control de la Eurocámara, sino que también plantea interrogantes sobre la permeabilidad de las instituciones europeas a influencias externas. Si las sospechas se confirman, el caso podría repercutir en la política comunitaria de seguridad tecnológica, con implicaciones tanto regulatorias como diplomáticas.
Huawei, por su parte, ha declarado públicamente que mantiene una política de “tolerancia cero” frente a la corrupción y asegura que cumple con todas las normativas legales en vigor.
