El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes el proyecto de Ley Crea y Crece , una de las principales reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el objetivo de la norma es impulsar la creación de empresas, facilitar su expansión y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional.
Calviño ha resaltado que la futura norma reduce el coste económico para crear empresas y simplifica los trámites. Se podrá constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro, frente al mínimo actual de 3.000 euros; por otra parte, se promueve la creación telemática, con la consiguiente reducción de plazos y de costes notariales y registrales.
Para favorecer el crecimiento empresarial, la norma incluye medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, una de las principales causas de los problemas de liquidez y rentabilidad y solvencia de muchas empresas, en especial las pymes.
Entre estas iniciativas, Calviño ha destacado la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales entre empresas y autónomos para garantizar así una mayor trazabilidad y control de los pagos. Además, el texto establece que las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no podrán acceder a subvenciones públicas, incluidas las del Plan de Recuperación.
El Gobierno prevé la creación, en el plazo de seis meses, de un observatorio estatal de la morosidad, que se encargará de hacer un seguimiento de los plazos.
La norma mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar obstáculos, agilizar los procedimientos y ampliar el catálogo de actividades exentas de licencia. Asimismo, refuerza el papel de la nueva conferencia sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios.
El proyecto potencia los instrumentos alternativos al crédito bancario, como el ‘crowdfunding’ o la financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.
Transformación digital de las comunidades autónomas
El Gobierno ha acordado distribuir más de 118 millones de euros entre las comunidades y las ciudades autónomas para su transformación digital y modernización, uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta cantidad corresponde al año 2021, mientras que en 2022 y 2023 se destinarán otros 450 millones.
La propuesta de reparto, basada en la población, se someterá a la Conferencia Sectorial de Administración Pública. Las comunidades y ciudades autónomas deberán proporcionar información sobre los diferentes proyectos que se proponen financiar, que versarán sobre digitalización, infraestructuras digitales, operaciones inteligentes, ciberseguridad o sanidad.
El objetivo, ha señalado Isabel Rodríguez, es conseguir una Administración del siglo XXI, «más fácil para el ciudadano».
