Productos digitales, sistemas operativos, smartphones o cajeros automáticos, así como servicios de telefonía, bancarios, e-commerce, webs o e-books se verán afectados por el Acta Europea de Accesibilidad (EAA), una normativa que entrará en funcionamiento en el año 2025 y que obliga a que las empresas hagan más accesibles sus entornos, productos y servicios.
Según el último informe de la consultora especializada en accesibilidad WebAIM, más del 96% de las ‘top 1 million sites’ presentan problemas de accesibilidad. Estamos hablando de Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Wikipedia, Google Play, Google Drive, WordPress, Pinterest, Apple, The New York Times, The Guardian, Harvard, Shopify, Eventbrite…
Todas ellas presentan problemas graves o muy graves para que personas con algún grado de discapacidad puedan acceder a sus contenidos y servicios.
Si hacemos foco en la Unión Europea, cerca de un 20% de la población europea tiene algún tipo de discapacidad física o mental. Alrededor de 135 millones de personas no pueden hacer uso de una gran cantidad de servicios digitales básicos debido a que estos servicios no son “usables” para ellos. Y no hablamos de adaptaciones especiales, sino de cumplir las normas básicas de accesibilidad.
Desde 2008, las empresas privadas de más de 100 trabajadores con una facturación de más de 6 millones de euros al año y que se consideren de sectores con especial trascendencia económica, como bancos, empresas de transporte de viajeros o suministradores de servicios de consumo (energía y agua), están obligadas a que sus portales sean accesibles.
La realidad es que son pocas las que lo cumplen hoy, ¿por qué?:
- Hay una creencia bastante generalizada por la que se piensa que una web 100 % accesible debe tener un diseño estático, sin animaciones y poco atractivo. Algo que es rotundamente falso y que hemos demostrado en distintos proyectos.
- Muchos piensan que hacer una web accesible va a suponer más horas de proyecto, y esto no tiene por qué ser así. Si contamos con un equipo de trabajo bien formado y con las herramientas adecuadas, al igual que se prevén todos los aspectos relacionados con la seguridad desde la fase de desarrollo, se pueden incluir los elementos relacionados con la accesibilidad.
- No es rentable económicamente. Otro factor determinante es la rentabilidad económica que a estas compañías le suponga la masa de usuarios que se verán beneficiados por estas medidas (como decíamos 135 millones en Europa y 1.300 millones si hablamos a nivel mundial) y que, presumiblemente, deberían suponer un incremento en las ventas de muchos negocios online, este último será el verdadero motor del cambio. Si las empresas no ven un retorno económico de la inversión para mejorar el acceso a sus servicios a ese 16 % de usuarios con discapacidad, el cambio será complicado.
Las sanciones para quien incumpla lo impuesto en esta ley también sufren cambios. Las multas irán desde los 301 euros hasta un millón, pero también pueden llegar a suponer la prohibición de acceder a ayudas oficiales durante uno o dos años, incluso la inhabilitación permanente para este tipo de ayudas en los casos más extremos.
Lo cierto es que se antoja complicada la tarea de establecer mecanismos de vigilancia efectivos que persigan a los infractores, y las sanciones, llegado el caso, tampoco parecen gran cosa para empresas que facturan millones.
Quizá la clave para una adopción amplia, que sea capaz de acercar los servicios digitales esenciales a todas las personas de a pie por igual, estará en la capacidad que tengamos como sociedad para exigir esta adaptación a las compañías.
