La nueva legislación, adoptada el martes tras un acuerdo con el Consejo, reducirá los costos asociados al despliegue de redes de gigabit capaces de descargar datos a velocidades de 1 gigabit por segundo. Su objetivo es estimular la inversión en infraestructura digital, fomentar el crecimiento económico y asegurar que las empresas europeas mantengan una ventaja competitiva en la innovación global.
La ley simplificará, abaratará los procedimientos administrativos para la obtención de permisos y reducirá los obstáculos burocráticos para operadores y administraciones nacionales, facilitando así un despliegue más rápido y fluido de las redes.
Durante las negociaciones sobre esta propuesta legislativa con el Consejo, los eurodiputados establecieron el principio de «aprobación tácita», por el cual si la autoridad administrativa no responde en cuatro meses, se concederá automáticamente el permiso para instalar infraestructuras.
Además, la legislación traza una ruta hacia la eliminación de las tarifas para llamadas y SMS intracomunitarios. Para 2029, se espera que los precios al por menor sean uniformes, sin importar si las llamadas se originan o terminan en distintos Estados miembros, conforme a las normas que implementará la Comisión Europea. También prolongará los actuales límites de precios de las llamadas dentro de la UE hasta 2032, que estaban programados para expirar en mayo de 2024.
El eurodiputado Alin Mituța subrayó que esta legislación avanzará en proporcionar acceso a internet de alta velocidad a todos los ciudadanos de la UE, cerrar la brecha de conectividad entre zonas rurales y urbanas y asegurar mejor cobertura en los corredores de transporte. Mituța también señaló que el reglamento igualará las tarifas de las llamadas intracomunitarias a las nacionales a partir de 2029, manteniendo los límites actuales hasta entonces.
El Parlamento Europeo adoptó la legislación por una amplia mayoría y ahora el Consejo debe ratificarla para que se convierta en ley.
La legislación aborda la brecha digital que es evidente entre las zonas urbanas y rurales de la UE. Aunque los centros urbanos suelen beneficiarse de los últimos avances tecnológicos, las zonas rurales y remotas a menudo quedan rezagadas, limitando las oportunidades individuales y el crecimiento económico regional.
La Ley de Infraestructuras Gigabit, enfocada en la conectividad integral, intenta corregir este desequilibrio para asegurar que todos los europeos, independientemente de su ubicación, puedan acceder y beneficiarse de los servicios digitales. La ley también fomentará el uso compartido de infraestructuras físicas existentes para minimizar los costos y acelerar la implementación de redes de alta velocidad.
