La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que el Consejo de Ministros ha acordado remitir a la Comisión Europea una adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que permitirá movilizar la totalidad de las transferencias y préstamos asignados a España .
La adenda contempla 10.300 millones de transferencias adicionales de los fondos Next Generation UE y el programa REpowerEU, que se destinarán a reforzar los 12 proyectos estratégicos ya en marcha, y hasta 84.000 en préstamos.
Nadia Calviño ha reiterado que los 84.000 millones de euros de préstamos proporcionarán a España una red de seguridad para poder mantener «el fuerte ritmo inversor público y privado» en el futuro.
Los préstamos se canalizarán a través de instrumentos financieros, entre los que la vicepresidenta ha citado el Fondo de Resiliencia Autonómica, dotado con 20.000 millones de euros para financiar proyectos de inversión sostenible en las comunidades autónomas, y que estará gestionado en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones.
El Instituto de Crédito Oficial también canalizará los créditos, a través de dos líneas que suman 22.500 millones de euros para proyectos empresariales, en especial inversiones verdes, y que incluirán una dotación específica de 1.000 millones para el sector turístico.
La vicepresidenta ha resaltado que se constituye un fondo para impulsar la vivienda social y de alquiler asequible, dotado con 4.000 millones, con el objetivo de reconstituir el parque público. El apoyo al tejido empresarial se completa con el Fondo Next-Tech, cuya dotación se amplía en 4.000 millones. Además, se destinarán 1.500 millones a impulsar las producciones del sector audiovisual en España.
Asimismo, el PERTE de descarbonización industrial recibirá 2.720 millones de euros y casi 12.000 millones el PERTE Chip, dirigido a desarrollar el diseño y fabricación de semiconductores, según ha destacado la vicepresidenta.
Como novedades, Calviño ha avanzado que se creará un instrumento de ciberresistencia y seguridad, dotado con 2.200 millones de euros para reforzar las capacidades de seguridad, defensa, aeronáutica y espacio en un entorno de mayor complejidad geopolítica y crecientes ciberamenazas y ciberataques. Asimismo, se constituirá un fondo con 2.250 millones para fomentar la inversión verde de familias y empresas,
Programa de reformas
La adenda se completa con un programa de reformas alineado con las recomendaciones específicas de la Unión Europea a España, que dan continuidad a las implementadas desde 2020 con el fin de asegurar un crecimiento sostenido y sostenible, aumentar la productividad, la cohesión económica, social y territorial, y fortalecer la autonomía estratégica de España y la Unión Europea.
Nadia Calviño ha subrayado que la buena marcha del plan de recuperación, que es un proyecto de país, no se entiende sin la implicación de todos los agentes políticos, económicos y sociales y del conjunto de las administraciones públicas. Por ello, el texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros incluye un análisis detallado de sus contribuciones y propuestas. Además, la adenda amplía el ámbito de aplicación de algunos programas de éxito, como el Kit Digital, y reorienta recursos a los programas más demandados, como la creación de plazas de Formación Profesional, el despliegue de techos solares o la rehabilitación de vivienda.
El objetivo, ha recalcado la vicepresidenta primera, es «aprovechar al cien por cien los fondos europeos dentro del marco y de los plazos máximos previstos por las reglas comunitarias».
Calviño ha añadido que el despliegue del plan de recuperación está teniendo un impacto positivo en la economía y la adenda aprobada hoy permitirá reforzar ese impacto y culminar la transformación estructural que se está produciendo. «Estimamos que la ejecución del plan en su conjunto permitirá aumentar el Producto Interior Bruto de España hasta en tres puntos de media hasta 2031» y este impulso se traducirá también en un aumento de la productividad, el crecimiento de la economía hasta el 1,6%, la reducción del paro estructural y la mejora de la sostenibilidad fiscal.
Compromisos públicos para profundizar en los derechos humanos
El Ejecutivo ha aprobado el II Plan Nacional de Derechos Humanos 2023-2027, que recoge los «compromisos públicos de todo un país para proteger y seguir fomentando y profundizando en los derechos que, en definitiva, fundamentan nuestra convivencia en paz y en libertad», según ha señalado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.
El ministro ha destacado que el plan, en el que se lleva trabajando más de un año, es fruto de la labor de 17 ministerios y de un proceso de diálogo y deliberación con la sociedad civil, grupos parlamentarios, expertos, universidades, organizaciones de defensa de los derechos humanos e instituciones como el Defensor del Pueblo y las comunidades autónomas. También recoge las aportaciones realizadas por los ciudadanos a través de una consulta pública. La iniciativa -ha añadido Bolaños- supone, además, cumplir los compromisos de España con Naciones Unidas.
La aprobación de este II plan -la vigencia del primero terminó en el año 2012- coincide con el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y precede en pocos días el inicio de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, el próximo 1 de julio. «Estamos dando respuesta a un amplio consenso de trabajar continuamente en los derechos, en los valores democráticos que nos inspiran como sociedad para ir mejorándolos y adaptándolos a los desafíos de cada momento», ha manifestado el ministro.
Respuesta a los nuevos desafíos
El plan se estructura en cuatro grandes ejes, dieciséis objetivos generales y 421 medidas. Los ejes engloban las obligaciones internacionales y de cooperación; la promoción de los derechos humanos, incluyendo los relacionados con la protección del medio ambiente, la evolución de la tecnología y la inteligencia artificial, y el envejecimiento de la población; la igualdad entre hombres y mujeres, y la no discriminación de grupos específicos de la sociedad.
Entre las medidas citadas por el titular de Presidencia, figuran el aumento de la Ayuda Oficial al Desarrollo, la integración digital de las personas mayores, la garantía del consumo de energía a los hogares vulnerables, el cuidado de la salud ante el cambio climático, así como actuaciones contra el odio en todos los ámbitos, incluidas las redes sociales, y contra la discriminación por orientación sexual, discapacidad, edad u origen.
«Este plan responde a todos los desafíos que se van produciendo en las sociedades actuales: el cambio climático, los algoritmos, la inteligencia artificial, pero también trata de evitar, de combatir esos discursos de odio cada vez más habituales en nuestra sociedad, en la política, en la vida, en los estadios de fútbol», ha señalado Bolaños.
Inversiones en transporte público e investigación
El Consejo de Ministros ha autorizado subvencionar con 363 millones de euros el transporte público de áreas metropolitanas o ultraperiféricas.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha indicado que se trata de zonas donde este servicio registra un número importante de desplazamientos y contribuye de manera sustancial a la actividad económica. En concreto, se conceden 47,5 millones a la Comunidad Autónoma de Canarias, 127 millones al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, 149 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, y 40 millones a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia. Las subvenciones están condicionadas a que estas administraciones cuenten con un Plan de Movilidad Sostenible.
Por otra parte, el Gobierno ha destinado 22 millones de euros a financiar la participación española en proyectos internacionales de investigación y desarrollo. Isabel Rodríguez ha afirmado que será el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) quien organice la participación de España en estos proyectos seleccionados en distintas convocatorias internacionales de carácter competitivo.
También en relación con la ciencia, el Ejecutivo ha garantizado la vigencia indefinida del convenio sobre el sistema de observación y predicción costero de Islas Baleares, cofinanciado al 50% por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno autonómico.
