La Asociación Española para la Digitalización, DigitalES , ha emitido hoy su respuesta a la consulta pública abierta por la Comisión Europea.
Bruselas lanzó esta consulta pública el pasado febrero, con la voluntad de encontrar un modelo económico sostenible para la industria de telecomunicaciones, de modo que pueda hacer frente a las inversiones en fibra óptica y 5G necesarias para que el 100% de la población europea tenga acceso a comunicaciones gigabit y que todas las zonas pobladas estén cubiertas por 5G para 2030.
Se trata de uno de los objetivos de la agenda digital europea para esta década, de carácter geoestratégico para nuestro continente. El objetivo de conectividad, además, condiciona la consecución de todos los demás objetivos de esta agenda.
Según estimaciones recientes de la Comisión Europea, existe un déficit de financiación de 174.000 millones de euros para alcanzar los citados objetivos de la Década Digital de la UE. Esta cifra significativa ni siquiera incluye el costo de la actividad de transformación que se requerirá para respaldar la próxima generación de servicios, como el metaverso y otros servicios dependientes de la calidad de las redes e infraestructuras de telecomunicaciones.
Por todo lo anterior, la posible iniciativa legislativa y el consiguiente replanteamiento del mercado será uno de los temas clave en los que trabajará la presidencia española del Consejo de la UE, durante el segundo semestre.
En este contexto, la patronal DigitalES ha propuesto un modelo de contribución justa por parte de las grandes plataformas digitales a las inversiones en despliegue de nuevas redes.
Estas compañías “necesitaron inversiones masivas de los operadores móviles para garantizar que las personas pudieran acceder a los servicios digitales. Ahora, con la explosión de los requisitos de infraestructura, la brecha de inversión significa que Europa se enfrenta a una decisión crítica para asegurar su presente y construir su futuro”, expone DigitalES en el texto remitido a la Comisión Europea.
Cabe incidir en que las seis mayores plataformas de Internet aglutinan más del 50% del tráfico mundial, y cuentan con modelos de negocio que les incentiva a incrementar el volumen de datos que fluyen por las redes. A medida que se desarrolla la sociedad digital, ese volumen de datos continúa aumentando a velocidad vertiginosa, representando, cada vez más, un sobrecoste para los operadores de telecomunicaciones.
“En los últimos años, el modelo económico que sustentaba los mercados de telecomunicaciones en Europa ha quedado superado por la necesidad de acelerar las inversiones para evitar que se colapsen las redes. Hay que entender que cualquier aumento de tráfico -y para un operador, en garantía de la neutralidad de la red, todos los tráficos son iguales- genera un aumento en la ocupación de la red y en esas situaciones los operadores deben realizar ampliaciones en las distintas capas de red, desde las cabeceras de servicio hasta la red backhaul, pasando por los nodos de la red móvil”, explica Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES. “El modelo, simplemente, ya no es sostenible, y los consumidores finales no pueden ni deben seguir asumiendo por sí solos esta realidad. Una transformación radical de la red requiere repensar el marco comercial actual”, concluye.
11 razones para apoyar un nuevo modelo de financiación de las redes de telecomunicaciones
1. Sin un modelo de ‘fair share’, Europa se quedará rezagada.
De seguir así, es imposible que se alcancen los objetivos de despliegue previstos en la Década Digital 2030. Si continúan disminuyendo los incentivos para invertir en las redes, la UE corre el grave riesgo de quedar tecnológicamente rezagada frente al resto de economías.
2. El incremento del tráfico online pone en peligro la sostenibilidad del sistema.
Existe una correlación entre el crecimiento del tráfico y el incremento de los costes de red que asumen los operadores de telecomunicaciones. Esto genera un peligro de sostenibilidad económica para estas empresas, que un modelo de ‘contribución justa’ o ‘fair share’ ayudaría a reducir.
3. Sin buenas redes, no habrá buenos servicios digitales.
Sin un cambio de modelo, claramente las grandes plataformas verían también afectadas sus perspectivas de negocio, al no poder ofrecer en las redes la calidad de servicio requerida por sus innovadores servicios asociados, por ejemplo, el metaverso.
4. Es un mercado de doble cara.
Hasta hoy, los operadores de telecomunicaciones han sufragado las inversiones para incrementar la capacidad de las redes con la aportación de los usuarios finales, que no pueden ni deben asumir la insostenibilidad de un mercado al que deberían contribuir también los OTTs. ‘FAIR SHARE’ NO ES UN PAGO DUPLICADO, sino una solución al hecho de que una de las dos partes de este mercado de doble cara no está contribuyendo al mismo.
5. No afectará a las pymes, las startups ni a otras empresas innovadoras.
La propuesta de una contribución justa sólo afecta a un pequeño número de ‘gatekeepers’ o ‘guardianes de Internet’, que generan por sí solos más del 50% del tráfico.
6. No amenaza de ningún modo la neutralidad de la red.
El pago de las grandes plataformas por el servicio de gestión de su tráfico online no afectaría de ningún modo al libre acceso de contenidos y servicios en Internet, tal y como ha confirmado la Comisión Europea. Se trata de un debate estrictamente limitado a la relación comercial entre dos partes, y que tiene lugar precisamente porque las OTTs nunca han dejado de percibir ese servicio, a pesar del incremento que acarrea en los costes de red.
7. No se trata de un impuesto.
La compensación indirecta (ej: impuesto o tasa) no es el enfoque correcto. En su lugar, deberían existir negociaciones comerciales privadas entre los ISPs y las grandes plataformas. Es un modelo que se ha demostrado eficaz y operativo, por ejemplo, con los operadores móviles virtuales (OMV).
8. Beneficiará a todos los operadores de telecomunicaciones, también a los más pequeños y con menos poder de negociación.
Apoya la sostenibilidad de las redes de todos los ISP, grandes y pequeños. En última instancia, beneficia a la sociedad y la economía en su conjunto, al eliminar obstáculos a las inversiones en redes.
9. Es un modelo sostenible en el tiempo, que protege el libre mercado en el sector digital.
Resuelve un desequilibrio en los mercados de telecomunicaciones, para que existan niveles de competencia sanos, e incentiva la inversión a medio y largo plazo.
10. Se necesitan estímulos para la eficiencia energética en la generación de tráfico online.
También por motivos medioambientales, es importante que existan incentivos para que las grandes plataformas optimicen el consumo energético derivado de su actividad digital.
11. Lo marca la Comisión Europea.
La Declaración de Principios y Derechos Digitales, presentada a principios de 2022, estipula que “todos los actores del mercado” deberían hacer una “contribución justa y proporcionada” al coste de la infraestructura.
